Nuevo León Impone a Docentes la Obligación Legal de Reportar Acoso Escolar

Con reformas aprobadas en el Congreso, el personal educativo que omita denunciar casos de ‘bullying’ podría ser acusado de encubrimiento, en un esfuerzo por erradicar la violencia en las aulas.

En una medida decisiva para combatir el acoso escolar, el Congreso de Nuevo León ha aprobado reformas legales que convierten en una obligación imperativa para los maestros el denunciar cualquier caso de bullying del que tengan conocimiento. La inacción ante estos hechos podría derivar en cargos por el delito de encubrimiento contra los educadores.

La iniciativa, promovida por el grupo parlamentario del PAN, modifica la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del estado. Su objetivo central es establecer un protocolo claro y coercitivo que obligue a las autoridades escolares a actuar, cerrando la puerta a la impunidad que puede generarse por omisión o negligencia.

El dictamen legislativo surgió, en parte, como respuesta a incidentes recientes que conmocionaron a la comunidad, como el caso de la Universidad Tec Milenio, donde se presume la ocurrencia de acoso escolar y posibles conductas delictivas. La nueva disposición busca que hechos de esta naturaleza no queden sin una investigación formal por parte de las autoridades correspondientes.

Un cambio de paradigma: de la recomendación a la obligación

Bajo este nuevo marco legal, un profesor que esté al tanto de que un estudiante es víctima de acoso deberá dar vista inmediata al Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación. Esto representa un cambio significativo: la denuncia deja de ser una sugerencia para convertirse en un mandato legal con consecuencias penales para quien no la cumpla.

La diputada Perla Villarreal Valdez, presidenta de la Comisión de Educación, enfatizó la urgencia de la medida: “Era hora de ponerle un alto a la violencia escolar porque se estaba haciendo ya una costumbre la aparición de este tipo de casos. No podemos permitir más incidentes que, por culpa de la omisión de las autoridades escolares, se conviertan en una tragedia”.

Capacitación como pilar fundamental

Las legisladoras reconocieron que una ley de esta naturaleza debe ir acompañada de herramientas para su correcta implementación. Claudia Caballero Chávez, diputada del PAN, señaló que, al entrar en vigor la reforma, se deberá capacitar de manera obligatoria a todo el personal docente y administrativo.

El objetivo de esta capacitación es que los educadores, quienes son “la primera autoridad en las aulas”, estén preparados para reconocer las diversas formas de acoso, aplicar los protocolos de actuación establecidos y, sobre todo, saber cuándo y cómo informar a las autoridades ministeriales para no incurrir en omisiones.

Con esta acción, Nuevo León busca fortalecer los mecanismos de vigilancia al interior de los planteles educativos y enviar un mensaje contundente de cero tolerancia a la violencia entre pares, priorizando el derecho de los estudiantes a un desarrollo integral en un entorno seguro y libre de acoso.