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El Congreso del Estado de Nuevo León ha establecido el 15 de octubre como fecha límite para que el gobernador Samuel García Sepúlveda presente su Cuarto Informe de Gobierno ante el pleno, un acto protocolario que la legislatura está obligada a convocar durante los primeros quince días de ese mes.
La decisión fue acordada por los coordinadores e integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno. No obstante, existe un escepticismo generalizado entre los legisladores sobre la disposición del mandatario estatal para asistir, dada su ausencia en informes anteriores.
El diputado Carlos de la Fuente Flores expresó abiertamente sus dudas: “Ya sabemos que al gobernador no le gusta que la gente le cuestione, no le gusta que le digan sus errores y mejor pues todo lo hace a su especialidad desde el celular”. Añadió que, a pesar de las expectativas, el Poder Legislativo cumplirá con el acto protocolario y extenderá las invitaciones a alcaldes, el Poder Judicial, el Ejército Mexicano y líderes políticos.
La postura de la legislatura deja claro que el 15 de octubre es un plazo perentorio. “Lo último que podemos ofrecer es mandarlo hasta el día 15, que es el último día oficial. Tiene hasta el día 15, lo vamos a esperar para su informe”, señaló De la Fuente Flores, quien también anticipó la probable inasistencia del ejecutivo: “no creo que venga porque no es su estilo”.
Desde el PRI, la diputada Armida Serrato Flores destacó una falla procedural, señalando que el ejecutivo estatal, a la fecha, no había enviado la convocatoria formal para la sesión, un trámite necesario. “La Constitución es muy clara y dice que deberá de ser los primeros 15 días”, recalcó, subrayando el retraso en la comunicación oficial.
La crítica también llegó desde la bancada de Morena. Su coordinador, Mario Soto Esquer, cuestionó los posibles logros a reportar y sugirió que una eventual inasistencia se debería a una falta de contenido sustancial. “Yo me iría a ¿qué es lo que va a informar?”, manifestó, al tiempo que demandó explicaciones sobre el estancamiento de obras clave y la escasez de agua en municipios como García.
En contraste, Sandra Pámanes Ortiz, coordinadora de Movimiento Ciudadano –el partido del gobernador–, afirmó que existe actualmente una buena relación con el Ejecutivo. Confió en que, una vez que el Congreso formalice la solicitud, se recibirá el informe en los próximos días, ya sea presentado personalmente por Samuel García o a través de su secretario general.
La situación coloca al gobernador Samuel García ante un nuevo examen público. El 15 de octubre se perfila no solo como un plazo legal, sino como una prueba de la voluntad de diálogo entre los poderes del estado. La pelota está en la cancha del ejecutivo, y su decisión de acudir o no al recinto legislativo será interpretada como una señal de su disposición para rendir cuentas y enfrentar el escrutinio público.
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