Aprobado, pero en el Limbo: El Presupuesto 2026 Aguarda Publicación en Medio de Incertidumbre

El Congreso Local ha dado el visto bueno, tras una maratónica sesión de 12 horas, al Paquete Fiscal para el próximo año. Sin embargo, la luz verde legislativa no garantiza su vigencia inmediata, dejando la hacienda estatal sumida en la incertidumbre. El presupuesto, avalado por mayoría y fijado en 160,952 millones de pesos (cifra significativamente menor a los 179,490 millones solicitados por el gobierno), enfrenta ahora un obstáculo administrativo: su posible publicación.

La incógnita radica en que el Periódico Oficial del Estado, el canal obligatorio para promulgar leyes y decretos, se encuentra en periodo vacacional. Esta situación abre la puerta a un escenario ya conocido: una tercera “reconducción presupuestal”, es decir, la prórroga del presupuesto del año anterior. Mario Soto Esquer, coordinador de Morena, anticipó este panorama, señalando que todo apunta a iniciar el 2026 con dicha reconducción, esperando un acuerdo definitivo para enero o febrero.

El proceso de aprobación estuvo marcado por significativos recortes y modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo estatal. Los diputados rechazaron la Ley de Ingresos que incluía una solicitud de deuda y el financiamiento para Agua y Drenaje. Asimismo, se desestimó un incremento al Impuesto Sobre la Nómina y se generaron reservas sobre la ampliación del “impuesto verde”.

Entre los cambios destacados se encuentra la reforma a la Ley de Control Vehicular, que elimina los beneficios fiscales para automóviles híbridos y reduce los aplicables a eléctricos, obligando a sus propietarios a pagar refrendo. También se aprobaron reformas a la Ley de Ingresos Municipales, excluyendo los montos de deuda que el Estado había planteado para ellos.

Pese a los recortes generales, el presupuesto final contempló aumentos considerables para varios órganos autónomos: un 50% más para el Instituto Estatal Electoral, 51% para el Tribunal Electoral, 20% para el Poder Judicial, 15% para la Fiscalía, 12% para la Auditoría Superior, 11% para el Instituto de Transparencia y 8% para el propio Congreso, en comparación con la propuesta inicial del gobierno.

La sesión dejó tras de sí un ambiente de desencuentro político. Guadalupe Rodríguez (PT) lamentó la falta de acuerdos e hizo un llamado a dejar de lado “las revanchas y los colores partidistas”. Por su parte, Fernando Aguirre (PRI) defendió el trabajo legislativo de fijar prioridades, trasladando ahora la responsabilidad de la ejecución responsable al Ejecutivo. Movimiento Ciudadano, en abierta oposición, argumentó que las modificaciones impulsadas por PRI, PAN y PRD despojaron al dictamen de su equilibrio original.

Así, mientras el decreto espera en un limbo burocrático, la sombra de la reconducción se cierne sobre las finanzas estatales, dejando en suspenso la aplicación de un presupuesto que, aunque recortado, ya repartió sus aumentos y definió sus prioridades, a la espera de que la imprenta oficial reanude sus labores.