Gobierno de Nuevo León busca desbloquear Presupuesto 2026 mediante diálogo con Congreso
El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, anunció la convocatoria a una reunión con los diputados locales para la próxima semana, en un esfuerzo renovado por desempatar la aprobación del Presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2026.
El encuentro, cuya fecha exacta se definirá en coordinación con las agendas de los legisladores y del propio gobierno estatal, representa un nuevo capítulo en la búsqueda de consenso tras el veto impuesto por el Gobernador Samuel García Sepúlveda a la propuesta previamente avalada por las bancadas del PAN, PRI y PRD en diciembre pasado. El mandatario justificó su decisión al considerar que aquel proyecto afectaba programas sociales y las obras del Metro.
Flores Serna, quien hizo la declaración al concluir los trabajos de la Mesa de Construcción de la Paz, reiteró el compromiso de la administración estatal de mantener canales de diálogo abiertos para alcanzar acuerdos en beneficio de la ciudadanía. “A ver si ahora sí juntos podemos construir un mejor escenario”, expresó el funcionario, añadiendo que “hablando se entiende la gente”.
El objetivo central de las negociaciones, según lo expresado, será destrabar el Paquete Fiscal. El Secretario dejó claro que la posición del gobierno no contempla la asignación de recursos adicionales a otros Poderes u organismos autónomos, argumentando que estos recibirán montos equivalentes a los del año anterior, cantidades con las que, a su juicio, ya demostraron poder operar eficazmente.
“Si se requiere alguna modificación, que sea por el bien de la ciudadanía: de los niños, de las señoras, de los señores”, precisó Flores Serna. En sus declaraciones, sugirió que incrementar dichas partidas podría correr el riesgo de desviar fondos hacia intereses partidistas, enfatizando: “Nosotros como Gobierno del Estado vamos a ver por la gente antes que cualquier otro Poder”.
La reunión próxima se perfila, por tanto, como un espacio crucial donde el Ejecutivo estatal buscará persuadir al Poder Legislativo para reorientar las prioridades del gasto público hacia proyectos sociales e infraestructura, manteniendo sin cambios las asignaciones a otras instituciones. El éxito de este diálogo determinará la posibilidad de contar con un presupuesto consensuado y operativo para el próximo año.




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