Alcaldes de NL exigen mayor participación presupuestaria por gastos que asumen

En el marco de la próxima ronda de negociaciones para el Presupuesto estatal 2026, los municipios de Nuevo León, a través del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, han alzado la voz para exigir un reparto más justo de los recursos, argumentando que las administraciones locales soportan gastos que competen al ámbito estatal.

La solicitud surge luego del anuncio de una nueva reunión entre el Secretario General de Gobierno y los diputados locales, de la cual, según De la Garza, los alcaldes han quedado excluidos. El edil regio señaló que los municipios brindan servicios en materia de movilidad, educación y otros rubros que generan erogaciones significativas, las cuales, a su juicio, deberían ser financiadas directamente por el gobierno estatal.

“Los municipios ofrecen servicios que generan gastos, mismos que deberían ser asumidos por el Estado”, afirmó De la Garza, quien además reprochó que, a pesar de esta carga financiera, a los ayuntamientos se les “regateen” las participaciones. Calificó esta situación como injusta, contrastándola con el apoyo que reciben los municipios en otras entidades del país.

Como parte central de su petición, el alcalde recordó la urgencia de establecer una nueva fórmula de distribución de recursos, proponiendo una relación 70% para el estado y 30% para los municipios. Actualmente, la repartición se divide en 80% para el gobierno estatal y solo 20% para los ayuntamientos, una proporción que los alcaldes consideran insuficiente para atender las demandas ciudadanas.

De la Garza hizo también una velada recomendación a las autoridades estatales, sin mencionar nombres, instándolas a “bajarse de la nube y gastar la suela”, es decir, a caminar entre los vecinos para conocer de primera mano sus necesidades, tal como —aseguró— lo hacen los alcaldes.

La exclusión de los municipios de la mesa de negociación presupuestaria subraya la tensión existente en el proceso. Mientras el gobierno estatal busca acuerdos con el Poder Legislativo, los ayuntamientos demandan no solo una mayor asignación de recursos, sino también un reconocimiento formal de los servicios que ya financian, lo que perfila este tema como un punto crucial pendiente de resolver en el debate fiscal para el próximo año.