Proponen incrementar penas por robos en escuelas de Nuevo León

Ante el incremento de robos y actos vandálicos en instituciones educativas, diputados del PAN en Nuevo León presentaron una iniciativa para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de delitos. La propuesta busca clasificar los robos en escuelas como un delito grave, con sanciones que podrían oscilar entre tres y nueve años de prisión.

La iniciativa plantea reformar el artículo 16 Bis del Código Penal estatal para elevar la gravedad de estos delitos, así como añadir una fracción al artículo 374 para establecer agravantes en casos de robos a planteles educativos, ya sean públicos o privados. Esta medida surge como respuesta al aumento de incidentes registrados en los últimos años, que han afectado tanto a la infraestructura como al ambiente de seguridad en las escuelas.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, desde 2022 hasta enero de 2024 se han reportado 670 robos en instituciones educativas, muchos de ellos cometidos con violencia. Estas cifras reflejan un problema creciente que no solo impacta el patrimonio de las escuelas, sino también el derecho de los estudiantes a recibir una educación en condiciones adecuadas.

El diputado local del PAN, José Luis Santos, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que “en los últimos años, muchas escuelas en Nuevo León han sido víctimas de robos y actos vandálicos que afectan directamente la calidad de la educación”. Agregó que endurecer las sanciones es un paso necesario para disuadir a los delincuentes y garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa.

La propuesta también busca proteger el derecho a la educación, el cual se ve amenazado por problemáticas como la falta de infraestructura adecuada y la inseguridad en los planteles. Los legisladores consideran que, al aumentar las penas, se enviará un mensaje contundente contra la impunidad y se contribuirá a reducir estos delitos.

Esta iniciativa ha generado expectativa entre padres de familia, docentes y autoridades educativas, quienes esperan que su aprobación marque un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia en las escuelas. Mientras tanto, el debate en el Congreso local continuará, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para las instituciones educativas y garantizar un futuro más seguro para los estudiantes de Nuevo León.