Urge Consenso Presupuestal para el Poder Judicial de Nuevo León: Proyectos y Contratación de Jueces en Riesgo

El Poder Judicial del Estado de Nuevo León atraviesa un período de incertidumbre financiera que pone en jaque la ejecución de obras en proceso y proyectos estratégicos para el próximo año. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova Rodríguez, expresó públicamente su confianza en que el presupuesto estatal para 2026 sea definido a la mayor brevedad, con el fin de evitar afectaciones críticas en la administración de justicia.

La funcionaria judicial señaló que la actual indefinición presupuestal genera un escenario complejo para la planeación y operación institucional. El Poder Judicial había solicitado una asignación de 4 mil 809 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. No obstante, la propuesta remitida por el gobernador Samuel García Sepúlveda al Congreso Local otorga un monto significativamente menor, lo que, de mantenerse, limitaría drásticamente las capacidades de la institución.

Entre los proyectos más urgentes que podrían verse truncados, destacan la descentralización de los centros de convivencia y, de manera prioritaria, la contratación de nuevos jueces. Córdova Rodríguez enfatizó la crítica situación que enfrenta el estado en materia de recursos humanos judiciales, citando datos del INEGI que ubican a Nuevo León en la posición 30 de 32 entidades con menor número de jueces por habitante.

“La incertidumbre actual afectaría proyectos esenciales como la descentralización”, afirmó la magistrada presidenta. “Además, arrastramos una deficiencia histórica en la plantilla judicial. Confiamos en que se encuentre una solución oportuna para salvaguardar tanto las obras del año anterior como las iniciativas planeadas para 2026”.

Este escenario se enmarca en un contexto político más amplio: por cuarta ocasión consecutiva, Nuevo León inicia un año fiscal sin un presupuesto formalmente aprobado. El veto gubernamental al acuerdo inicial del Congreso Local ha obligado a la administración estatal a operar mediante un presupuesto reconducido, mientras legislativos y ejecutivo buscan alcanzar un consenso.

Los diputados locales retomaron sus actividades legislativas este lingo, con la tarea pendiente de analizar las observaciones del ejecutivo al Paquete Fiscal. La resolución de este impasse no solo es crucial para la operación gubernamental en general, sino que se ha vuelto particularmente apremiante para el Poder Judicial, cuya labor de impartición de justicia depende de la certidumbre y los recursos necesarios para funcionar con plenitud.

La expectativa institucional y ciudadana se centra ahora en que los poderes del estado logren un acuerdo rápido y efectivo, que permita al sistema judicial cumplir con su mandato constitucional sin más contratiempos.