Escrutinio Presupuestal en el Congreso: El IEE de Nuevo León Busca un Aumento del 49% en Vísperas Electorales

Ante la proximidad del ciclo electoral que culminará con las votaciones de 2027, el Congreso del Estado de Nuevo León se prepara para examinar con máxima rigurosidad una significativa solicitud de incremento presupuestal presentada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE).

El organismo electoral ha requerido una asignación de 932 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, lo que representa un aumento del 49 por ciento en comparación con el año anterior. Esta petición ha generado una postura unánime de cautela y análisis detallado entre los distintos grupos parlamentarios.

Mario Soto Esquer, coordinador de la bancada de Morena, subrayó la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del desglose de la solicitud, destacando que los gastos operativos comenzarán a fluir a partir de septiembre. “La revisión debe asegurar que sea un presupuesto austero, enfocado en necesidades básicas como personal y gastos de operación fundamentales”, señaló, aclarando que no se emite un juicio sobre la pertinencia de la cifra, sino que se busca concretar lo estrictamente indispensable.

Desde la Comisión de Presupuesto, su presidenta, la diputada Lorena de la Garza Venecia (PRI), confirmó el compromiso institucional con el proceso electoral que iniciará formalmente en 2026. No obstante, advirtió que se analizará minuciosamente cada rubro del recurso solicitado. Partidas clave como el arrendamiento de inmuebles para albergar las comisiones municipales, la renta de vehículos, la adquisición de equipo de cómputo y la impresión de material electoral estarán bajo la lupa. Estos procesos, recordó, deben seguir los lineamientos de licitación pública para la selección de proveedores.

Un factor adicional que podría incrementar la complejidad financiera es la potencial realización de elecciones para jueces y magistrados. La diputada De la Garza mencionó que, independientemente del avance de una reforma en la materia, el Instituto debe prever este escenario en su planeación. Asimismo, recalcó que el crecimiento demográfico y nuevas obligaciones legales continúan ejerciendo presión ascendente sobre los costos de los comicios.

En la misma línea, Perla Villarreal Valdez, coordinadora del PRD, apoyó la postura de sus colegas al enfatizar la obligación de verificar la viabilidad y factibilidad de la petición antes de aprobar cualquier asignación.

El escenario plantea un delicado equilibrio para los legisladores: por un lado, la obligación de dotar al órgano electoral de los recursos necesarios para garantizar procesos democráticos transparentes y eficaces; por el otro, el deber de ejercer un control estricto sobre el erario público, especialmente en un contexto preelectoral donde la austeridad y el uso eficiente de los fondos son escrutados públicamente. El análisis promete ser tan meticuloso como el proceso electoral mismo.