Exigen sanciones severas para empresas contaminantes en Nuevo León

Diputados del Congreso de Nuevo León han calificado como inaceptable que diversas industrias en el estado continúen ocasionando graves daños al medio ambiente, por lo que demandaron sanciones ejemplares para todas las compañías infractoras, sin excepción.

El llamado surgió luego de que la empresa Pyosa contaminara el arroyo Topo Chico debido a un derrame de sustancias químicas, un incidente que se suma al ocurrido días antes en el arroyo La Talaverna, provocado por Ternium.

Miguel Flores Serna, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, condenó enérgicamente estos hechos y advirtió que el medio ambiente y la salud pública no pueden seguir en riesgo por negligencia empresarial.

“Nuestros recursos naturales son de todos, y es inadmisible que sigan siendo afectados por empresas irresponsables. Si una compañía no puede operar sin contaminar, simplemente no debe operar”, declaró el legislador.

Flores Serna exigió que las multas y restricciones aplicadas sean proporcionales al daño causado, con el fin de enviar un mensaje claro: quien contamine, pagará las consecuencias. Además, instó a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer la supervisión y trabajar de manera coordinada para prevenir futuros incidentes.

El diputado también hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en peligro los ecosistemas, recalcando que la protección ambiental es una responsabilidad compartida.

“Desde el Congreso, seguiremos promoviendo iniciativas que impulsen un desarrollo económico sostenible, pero nunca más a costa de nuestro medio ambiente”, concluyó.

Por su parte, Mario Soto, coordinador de Morena, exigió una investigación transparente para identificar a los responsables de los recientes derrames, evitando que el caso se convierta en un reparto de culpas.

“Es lamentable que sigan ocurriendo estos incidentes. Las empresas involucradas, así como las autoridades correspondientes, deben asumir su responsabilidad”, señaló.

La presión legislativa y social aumenta para que las empresas adopten prácticas responsables, mientras las autoridades enfrentan el reto de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en Nuevo León.