Aprueban restricción de redes sociales para menores de 15 años

En una sesión histórica, el pleno del Congreso Local aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplan la restricción del acceso a redes sociales para menores de 15 años.

El dictamen avalado por los legisladores establece que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán implementar mecanismos de control parental como herramienta obligatoria para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Una vez recibido el visto bueno del pleno, la iniciativa será turnada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual implementación en todo el territorio mexicano. De concretarse la aprobación por parte de los legisladores federales y senadores, Nuevo León se posicionaría como uno de los primeros estados en impulsar esta medida a nivel nacional.

Control parental como requisito

La reforma establece que el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales estará mediado por un sistema de control parental, una herramienta técnica que permitirá a los padres o tutores supervisar, limitar, autorizar, restringir o bloquear el acceso a aplicaciones, contenidos, servicios o funcionalidades, incluyendo redes sociales digitales, en dispositivos o cuentas utilizadas por niñas, niños y adolescentes.

Protección ante riesgos digitales

La Diputada Claudia Caballero, impulsora de la iniciativa, explicó durante la sesión que si bien el acceso a Internet y el uso intensivo de redes sociales digitales por parte de menores ha facilitado la comunicación, el acceso a información, el aprendizaje y la participación social, también ha generado un fenómeno de alto impacto social.

“Estas plataformas, junto con sus beneficios, incrementan riesgos diferenciados por edad que pueden traducirse en afectaciones directas a la integridad, la privacidad, la seguridad y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló la legisladora.

La medida busca equilibrar el aprovechamiento de las herramientas digitales con la protección de los sectores más vulnerables de la población, estableciendo candados que permitan un uso seguro y supervisado de las plataformas sociales.

La iniciativa ahora queda en manos del Congreso de la Unión, que determinará su viabilidad como política pública aplicable en todo el país.