Congreso Local evalúa periodo extraordinario para sancionar al gobernador Samuel García

La resolución del Tribunal Electoral federal abre la puerta a un nuevo juicio político contra el mandatario estatal, mientras la Comisión Anticorrupción acelera el proceso de desafuero.

Tras el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que declaró ilegal la autopromoción del gobernador Samuel García Sepúlveda durante su Cuarto Informe de Gobierno, el Congreso Local no descarta la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. El objetivo sería avanzar en un nuevo juicio político que permita aplicar sanciones al mandatario.

La presidenta del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, fue contundente al señalar que el cúmulo de irregularidades en las que ha incurrido el ejecutivo estatal ya no puede pasar desapercibido. “Debemos sancionar como es debido. No podemos permitir que cualquier persona infrinja la ley”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a todos los diputados y miembros de las comisiones involucradas para dar celeridad a estos temas.

Castillo Almanza advirtió que las 13 faltas a la ley detectadas hasta ahora podrían ser solo el inicio. “Van a llegar poco a poco las demás resoluciones, porque no solamente son 13 en las que ha faltado a la ley el gobernador actual, sino que ha de haber más”, sentenció.

Plazo de seis días para información clave

Por su parte, Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión Anticorrupción, informó que se han notificado a 59 dependencias —incluyendo secretarías, órganos electorales y fiscalías— para que entreguen toda la documentación requerida en torno a la participación del gobernador en el proceso electoral de 2024. Aunque reconoció que algunas secretarías se han mostrado renuentes, subrayó que están obligadas a cumplir con el requerimiento.

“Una vez que las dependencias remitan la información dentro de los próximos seis días hábiles, se presentará a la comisión un informe previo para establecer y confirmar todas las pruebas adicionales que podamos tener en estos tres juicios políticos contra el gobernador”, explicó Serrato Flores. A partir de ese momento, agregó, se elaborará un dictamen final que será turnado al Pleno del Congreso.

La legisladora priista fue clara al detallar las consecuencias que enfrenta el mandatario. De acuerdo con la ley, las sanciones administrativas para funcionarios públicos van desde una amonestación —pública o privada— hasta la inhabilitación. En este caso, subrayó, se trata de una falta grave. No obstante, para lograr una sanción como la inhabilitación, resulta indispensable desaforar primero al gobernador.

Respaldo opositor

La coordinadora del PRD, Perla Villarreal Valdez, celebró la resolución del Tribunal Electoral, señalando que esta valida la postura que el Congreso Local ha mantenido desde un principio. “Nosotros ya lo habíamos explicado y hoy el TRIFE nos da la razón”, manifestó.

Villarreal Valdez destacó que el fallo ratifica el proceso que se ha llevado a cabo en la Comisión Anticorrupción y refuerza la facultad del Congreso para sancionar al gobernador. “Esto ilustra lo que hemos venido trabajando”, puntualizó la perredista.

De concretarse el periodo extraordinario, los diputados locales analizarían el juicio político en busca de una sanción ejemplar que, según coincidieron diversas fracciones parlamentarias, enviaría un mensaje claro sobre el respeto a la ley en el servicio público.