Nuevo León Desestima Transporte Escolar Obligatorio Tras Primera Mesa de Análisis

Un frente común integrado por diputados, organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales rechazó de manera contundente la implementación de un transporte escolar obligatorio durante la primera mesa de trabajo convocada para analizar la iniciativa.

La propuesta, que había generado preocupación entre padres de familia y instituciones educativas, fue aclarada por los propios secretarios de Movilidad y Educación. Hernán Villarreal, titular de Movilidad, aseguró que el proyecto nunca contempló la obligatoriedad. “Revisen la iniciativa, en ninguna parte dice que es obligatorio. Ahí se establece que las escuelas deben presentar un plan, y que las autoridades proveerán los recursos para elaborarlo de manera conjunta con padres y directivos”, explicó.

En la misma línea, Juan Paura, secretario de Educación, detalló que, ante la crisis de movilidad, se realiza un estudio para identificar las escuelas que, por su ubicación y contribución al tráfico, sí requerirían un plan de transporte específico. El enfoque, según dijo, será de “sociabilización” y no de imposición, para presentarlo como un área de oportunidad.

Desde el poder legislativo, la presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, dejó claro que la idea de un transporte obligatorio está descartada desde el principio. Coincidió con los secretarios en que no existen las condiciones para implementarlo en el próximo ciclo escolar y anunció que el análisis continuará para incluir, con modificaciones, algunos términos en la nueva Ley de Educación, siempre basados en el estudio técnico en curso.

La diputada Reyna Reyes Molina (Morena) calificó de “imposible” aplicar el plan a corto plazo, argumentando que el tema educativo es un contexto muy amplio que requiere un análisis profundo y que no debe ser obligatorio.

Preocupación por Financiamiento y Responsabilidades

El debate también destacó la preocupación de representantes de padres de familia y colegios privados, quienes cuestionaron abiertamente quién financiaría un sistema obligatorio, qué medidas de seguridad se tomarían en los entornos escolares y cómo se promoverían los protocolos de tránsito.

July Mendoza, de la Unión Neolonesa, sentó una postura crítica al afirmar que las escuelas no son la causa raíz del problema de movilidad en el área metropolitana de Monterrey. “Pretender que las instituciones educativas o los padres carguen con una responsabilidad que corresponde al Estado es un error. La movilidad es un tema de política pública, infraestructura y seguridad”, puntualizó, subrayando que la solución debe ser integral y no recaer en las comunidades escolares.

La conclusión unánime de la mesa fue que el camino a seguir no es la obligatoriedad, sino la cooperación, el estudio técnico y una legislación sensata que aborde el problema de movilidad sin trasladar la carga financiera y operativa a las familias y las escuelas.